Centros de Internamiento de Extranjeros en Canarias

En Canarias, como en el resto de España, los CIEs continúan siendo centros muy opacos, cerrados a las ONGs (salvo contadas excepciones), con condiciones higiénicas y de habitabilidad muy pobres, como ha quedado de manifiesto durante los últimos años en evaluaciones que han hecho públicas organismos externos y sindicatos policiales.

En agosto de 2008, la Confederación Española de Policía denunció ante el Comité de Riesgos Laborales del cuerpo policial la existencia de ratas en el Centro de Hoya Fría: como, en las mismas fechas, un agente policial se encontraba de baja por “fiebre Q", una rara enfermedad infecciosa que puede ser transmitida al hombre por aquellos roedores, existían razones convincentes para atribuir a las ratas la propagación del mal. En último término, queda fuera de duda que las condiciones de suciedad del centro constituían un grave peligro para los internados y para los encargados de custodiarlos. Y nada se ha mejorado sustancialmente desde entonces.

Además, resultan preocupantes el estado anímico depresivo y la ansiedad que padecen muchos internos, sin que se les proporcione la asistencia debida. Aunque no conste que se hayan producido en Canarias episodios como los de Capuchinos, en Málaga, las condiciones no dejan de ser pésimas.

Urge humanizar los CIEs, mejorar las instalaciones y facilitar la ocupación del tiempo a las personas que están internadas, de modo que la prolongada espera de las repatriaciones no incremente innecesariamente los niveles de ansiedad y de frustración. En este sentido sería muy provechoso que se instauraran en los CIEs módulos de formación profesional, que capaciten a los internos en determinados oficios que puedan ejercitar en sus países después de la repatriación.

El secretismo y la opacidad que rodean a los CIEs y las fuertes restricciones para el acceso, en clara violación de la orden ministerial que regula su funcionamiento desde 1999, inducen a pensar que se desea ocultar la dureza de las condiciones de vida en esas instalaciones.

Y ciertamente sería vergonzoso que cobrara difusión pública el estado de sus instalaciones, pues provoca indignación el trato a que se somete a esas personas, “acomodadas” en auténticos tugurios, en peores condiciones de las que reúnen las cárceles donde se encierra a los delincuentes. Y no se debe olvidar que esos centros, que funcionan en régimen carcelario, sin una normativa reguladora general, no tienen carácterpenitenciario.

Resulta escandaloso que las personas retenidas en los centros no estén bajo la tutela de jueces que garanticen sus derechos, y que sea la Dirección General de la Policía la única responsable de que se respeten sus derechos en el interior de los recintos. De modo inevitable esto origina graves situaciones de desamparo y de arbitrariedad. Además, mientras que las labores de vigilancia y tratamiento en los centros penitenciarios corren a cargo de funcionarios civiles especializados, los funcionarios de los CIEs pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía, sin que se les exija ninguna formación específica.

No sorprende, pues, que ONGs como Andalucía Acoge, Red SOS Racismo y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hayan reclamado "más transparencia" en la gestión de los centros porque, según afirman, en la actualidad son "un agujero negro de los derechos humanos en España" (el documento anexo es suficientemente ilustrativo).

Tristemente, tampoco hay consenso en esta materia entre Canarias y Madrid, como se ha puesto de manifiesto en marzo de 2009 con ocasión de unas declaraciones de la presidenta de Coalición Canaria, que expresó su negativa a una eventual ampliación de las instalaciones del CIE de Fuerteventura que, de llevarse a cabo, lo convertirían en uno de los más grandes de Europa.

Para disponer de un panorama general de los CIEs, remitimos a inmigrantesmalaga.org