El siglo XXI ha comenzado bajo el signo de la circulación internacional de la mano de obra. Los países desarrollados se enfrentan a reclamos contradictorios: de una parte, una opinión pública que demanda que se refuercen las fronteras ante la amenaza de la presión inmigratoria; y, de otra, la conciencia generalizada de que se necesita mano de obra inmigrante que permita mantener el desarrollo económico y proteger las pensiones de una población envejecida. Las migraciones internacionales crean oportunidades y reportan beneficios tanto a los países receptores como a los emisores; y, a la vez, causan problemas e incertidumbres que afectan a unos y otros. Mientras que, en los países emisores, se cuestiona si las remesas de los emigrantes compensan los efectos sobre su desarrollo social y económico de la pérdida de efectivos laborales, muchas veces altamente cualificados, preocupa en los países receptores que el acomodo y convivencia de grupos de los más diversos orígenes culturales y religiosos afecte a su cohesión social, al tiempo que se debate sobre la tradicional equiparación entre derechos y ciudadanía. Uno de los retos sociales y políticos más importantes a que han de enfrentarse los países receptores de inmigrantes es el desarrollo de fórmulas de integración que no sólo garanticen el respeto a las particularidades, sino que contribuyan también al enriquecimiento mutuo. La información constituye el primer paso para la participación en los diversos ámbitos de la sociedad. Para que el inmigrante participe, se necesita hacerlo conocedor de sus derechos y de sus deberes, de las posibilidades que la sociedad le ofrece, de los recursos de que dispone, de los procedimientos de que puede servirse para la defensa de sus derechos. Sin esta base, la persona carecerá de los instrumentos precisos para su inserción real en la sociedad. Además, los profesionales que prestan información y asesoramiento a los inmigrantes han de contar con los medios adecuados para facilitar la información, canalizarla y compartirla con otros profesionales: por eso, la importancia de establecer canales de comunicación entre los distintos agentes sociales que atienden al colectivo, con el objeto de compartir y unificar la información y los recursos, y de mantener constantemente formados e informados a los asesores. Sólo así estarán capacitados para afrontar los constantes cambios que se producen en torno a las migraciones: características, normativas, reglamentos, documentación, servicios… Las Nuevas Tecnologías de la Información han modificado radicalmente los medios y los modos de comunicación, tanto individuales como corporativos, y afectan a todas las relaciones humanas, sociales y laborales. Por ello es imprescindible adecuar la información a los receptores y adaptarla a las nuevas tecnologías. Con la página web que aquí se presenta se quiere crear un espacio en internet donde se facilite información veraz y actualizada. Los foros de debate y las asesorías on-line permitirán socializar estudios teóricos y orientaciones prácticas en las vertientes social y jurídica. El recurso al correo electrónico servirá para enviar de forma periódica a todos los suscriptores la información que los profesionales de las diversas organizaciones necesitan para realizar su trabajo.   El aumento de la inmigración El fenómeno migratorio ha existido desde siempre. Lo sorprendente del caso de España es que nuestro país pasó, en un par de décadas, de ser emisor de emigrantes a convertirse en lugar de tránsito y de destino. A pesar del aumento de inmigrantes (1.977.291 de extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor a fines de 2004), éstos sólo suponen un 8,4% de la población total empadronada a 1 de enero de 2005: se trata de un porcentaje inferior al de otros países de la Unión Europea, como Alemania, Austria o Bélgica; pero superior al de Francia, Holanda, Reino Unido o Italia. Se han incrementado los porcentajes de mujeres y de menores migrantes. Y también se constata un incremento, difícil de cuantificar, de personas en situación irregular: unas 800.000 en vísperas del proceso de normalización de febrero de 2005. La inmigración ha crecido de forma muy rápida. Desde 2002, el número de extranjeros documentados en todo el Estado ha crecido a un ritmo acelerado: 31-XII-2002: 1.324.001 extranjeros con permiso de residencia 31-XII-2003: 1.647.011 “ “ “ 31-XII-2004: 1.977.291 “ “ “ El proceso de normalización documental abierto por el Gobierno español en febrero de 2005 ha incidido directamente en un aumento considerable del número de personas extranjeras documentadas, aún cuantificado sólo en parte. Por nacionalidades, los colectivos nacionales residentes en España más numerosos son el marroquí (más de medio millón), el ecuatoriano (casi 492.000), el rumano (más de 314.000) y el colombiano (por encima de 268.000). En Canarias, la inmigración ha pasado a ocupar el primer plano de la actualidad. Las islas se han configurado, en muy pocos años, como espacio receptor de inmigrantes, en abierto contraste con la tradicional tendencia a la emigración de sus habitantes. El fenómeno se ha incrementado a lo largo de la última década, hasta el punto de que el Archipiélago se presenta a principios de 2004 como la quinta Comunidad Autónoma en recepción de inmigrantes regulares, con una de las tasas de extranjería más altas del Estado español, después de Baleares y de Madrid. Según datos del Ministerio del Interior, a 30 de junio de 2004 residían en Canarias 119.335 extranjeros. Como es bien sabido, ese fenómeno inmigratorio se ha acelerado en los últimos tiempos. Si desde 1990 a 1999 se dieron de alta en el padrón de los municipios canarios 32.000 personas extranjeras, se han inscrito más de 93.000 en lo que va de década: casi tres veces la cifra de todo el decenio anterior. Durante los últimos diez años la población extranjera con permiso de residencia en las islas ha aumentado más de un 113%. Y los datos del padrón municipal corroboran ese intenso crecimiento: 219.941 extranjeros inscritos en los municipios de Canarias a 1 de enero de 2005. Sin embargo, los nuevos habitantes no se reparten de forma homogénea en el contexto regional, por lo que la presión demográfica a que están sometidos algunos municipios isleños resulta incluso preocupante: sobre todo, si atendemos a la incidencia del fenómeno turístico, a la población flotante que permanece en el Archipiélago por diferentes motivos, y a la llegada de trabajadores de otras regiones del Estado. Aunque una de las notas características de la inmigración en Canarias sea la diversidad de su procedencia, cuatro de cada diez extranjeros dados de alta entre 2000 y 2003 son originarios del continente americano. Las cifras globales del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2004 indican una más numerosa presencia de inmigrantes americanos de nacionalidad no española en la provincia de Las Palmas, en términos absolutos (524 de América del Norte, 5.898 de América Central y 29.781 de América del Sur); pero la mayor concentración de estos dos últimos grupos se da en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde los originarios de la América no septentrional que no poseen la nacionalidad española representan nada menos que el 70,37% del total de extranjeros no comunitarios (en las Palmas son el 58,69%). Hay también un alto porcentaje de ciudadanos de la Unión Europea: entre alemanes y británicos suman una cuarta parte del total de extranjeros que residen en Canarias de forma legal (las cifras respectivas del padrón, a 1 de enero de 2004, son 25.305 y 20.526). Del resto del Viejo Continente llegan sobre todo rumanos, búlgaros y ucranianos: los dos primeros colectivos empezaban ya a tener una importancia significativa a principios de 2004: 1.251 y 938, respectivamente, según los datos del padrón. Colombianos, alemanes y británicos constituyen los grupos que han experimentado el mayor número de altas patronales durante el trienio 2000-2003. Si atendemos a un marco cronológico más amplio, llaman la atención -en el transcurso de la última década- el crecimiento experimentado por varias nacionalidades iberoamericanas y la rápida evolución de las colonias italiana y china.   Situación actual de la inmigración laboral de origen extranjero Está suficientemente probado que, con independencia de las fluctuaciones de los ciclos económicos, la economía española demanda puestos de trabajo que no alcanzan a ser cubiertos por la población residente. Nos encontramos, pues, ante una situación estructural que, como tal, debe ser abordada. La inmigración laboral está realizando una importante contribución económica a nuestro país, por lo que su conocimiento resulta imprescindible para combatir tópicos falsos, como el de que los inmigrantes viven a costa de nuestro sistema social. Además, y puesto que la mayor parte de la inmigración que recibimos es de carácter laboral, el ámbito del trabajo se configura como la primera clave que ha de ser atendida de modo preferente en el proceso de integración. Adviértase la evolución observada en sólo tres años en las cotizaciones a la Seguridad Social: - 607.074 extranjeros afiliados en diciembre de 2001; -1.074.791 extranjeros afiliados en diciembre de 2004. La realidad de Canarias no difiere mucho de la del resto del Estado. Se encuentran 69.664 extranjeros con alta en la Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2004, que contribuyen a que la economía del Archipiélago se configure como una de las más dinámicas del conjunto de las Comunidades Autónomas, con un crecimiento de su PIB que aventaja en tres puntos a la media nacional. Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social a fines de 2004 representan el 6,26% del total de afiliados en el conjunto nacional: una proporción que se eleva en Canarias al 9,49%. La incorporación de cotizantes extranjeros a la Seguridad social está produciéndose a gran velocidad, y se ha visto sensiblemente incrementada al finalizar el proceso de normalización de 2005. Se estima que los inmigrantes aportan a la creación de riqueza entre el 2,5 y el 4% del PIB (cuarto trimestre de 2004); y que contribuyen a la financiación del Estado con el 1,8% del total recaudado por IRPF (datos correspondientes al primer semestre de 2004). A todo ello habría que agregar su aportación, a través del consumo, en alimentación, vestido, vivienda, etcétera; y a la dinamización de sectores económicos como el agroalimentario, el textil, la construcción o el mueble, que dan ocupación a numerosos trabajadores nacionales. En materia de pensiones hay que destacar que los inmigrantes constituyen una población muy joven que aún no recibe prestaciones: están construyendo su futuro derecho a percibirlas; pero, entretanto, contribuyen a las entradas del sistema. Situación similar se registra en el caso del desempleo. En comparación con los españoles, sus tasas de actividad son más altas; las de cobertura, más bajas, y los promedios de tiempo en el desempleo, más cortos. En cuanto a su relación con el mundo del trabajo, cabe afirmar de manera general que los inmigrantes no compiten por puestos laborales con la población autóctona; y que, paradójicamente, conviven entre ellos el paro y la necesidad de mano de obra. La elevación de los niveles culturales y de las expectativas profesionales de la población local deja espacios laborales sin suficiente demanda que, de no cubrirse con inmigrantes, verían estrangulado su desarrollo: es el caso de agricultura, la construcción, la hostelería y el comercio y el servicio doméstico: aun así, hay determinados sectores de actividad donde una acusada concentración de extranjeros genera cierta competencia. Una característica fundamental de esos nichos laborales es la precariedad de las condiciones de trabajo, que alcanza sus niveles más inquietantes en el caso de trabajadores sin permisos de residencia y de trabajo. La existencia de una bolsa importante de extranjeros en situación administrativa irregular y la necesidad en que se hallan los inmigrantes de preservar a toda costa los puestos de trabajo (adviértase que gozan de una menor protección social y que han de acumular cotizaciones para renovar los permisos) hacen especialmente vulnerable a esa población a prácticas abusivas de algunos sectores empresariales. De ahí se derivan niveles salariales inferiores, condiciones de trabajo más duras, incumplimientos de los convenios en materia de jornada…: todo lo cual incide en la desestructuración del mercado laboral, y demanda una solidaridad más comprometida de parte de la sociedad civil. La dependencia del precontrato para la obtención del permiso de trabajo o para su renovación obliga al inmigrante a aceptar peores condiciones laborales que la población autóctona, que no padece estas restricciones legales. Además de los efectos directos mencionados, la precariedad configura una situación objetiva de desigualdad. En efecto, la falta de acceso a la formación continua y a la promoción profesional mantiene a esos grupos sociales en actividades poco cualificadas y con las retribuciones más bajas. La existencia en Canarias de una importante bolsa de población inmigrante en situación de irregularidad dificulta la aplicación de la normativa laboral y determina la existencia de condiciones de trabajo y de vivienda abiertamente discriminatorias. La temporalidad en los permisos de trabajo genera inestabilidad e inseguridad jurídica, y dificulta una adecuada integración social y cultural en las sociedades de acogida. El desarraigo y la falta de cohesión social provocan una desprotección, que favorece, a su vez, situaciones discriminatorias en el acceso a los puestos de trabajo. La inseguridad en el empleo arrastra consigo la precariedad en las condiciones generales de vida en lo relativo a la vivienda, la educación, la cultura, la participación en la vida asociativa, la reunificación familiar, etcétera. A pesar de que la distribución sectorial de los trabajadores inmigrantes coincide con la estructura del mercado de trabajo canario (no olvidemos que éste, en Canarias, es principalmente un mercado de servicios), la población inmigrante se ocupa en ramas de actividad muy concretas y, por lo general, afectadas por peores condiciones laborales. No obstante hay que pensar que, en la medida en que se produzcan asentamientos más estables, y conforme la población inmigrada logre acceder a condiciones más igualitarias, se producirá la competencia normal que se da entre los trabajadores locales en el acceso a los diferentes empleos.   La intervención social con inmigrantes El panorama descrito hasta aquí permite advertir que las políticas dirigidas a la población inmigrante y la participación de los extranjeros en las diversas políticas sociales arrojan unos resultados ciertamente insatisfactorios: su aportación al erario supera manifiestamente el nivel de prestaciones que reciben. En el ámbito de la inmigración, la subsidiariedad otorga un papel preponderante a los agentes más cercanos y, por lo tanto, a las Asociaciones, en lo que se refiere a la prestación de servicios de carácter sociolaboral. Desde el punto de vista de las políticas públicas existe cierta tensión entre el desarrollo de políticas específicas y políticas normalizadas. Las primeras contemplan como receptores únicamente a los inmigrantes, en virtud de sus peculiaridades. Las políticas normalizadas tratan a los inmigrantes como al resto de la población autóctona, sin atender a sus especificidades como criterios que deban orientar las intervenciones. Conviene reafirmar la normalización como forma de integración. Sin embargo, ocurre con excesiva frecuencia que, desde esta óptica de la integración, se promueven formas de apoyo a los inmigrantes que, por el mismo modo en que son concebidas y realizadas, alientan en ese colectivo la conciencia de ser diferentes: incluso se les posiciona aparte sociológicamente en la convivencia común. La consecuencia no querida de esa política equivocada es que se les mantiene como no integrados y en situación de inferioridad, aunque la intención original fuera ayudarles o favorecerles. Por eso, toda ética de apoyo a los inmigrantes debería sustentarse sobre la base del objetivo prioritario de la integración, que sólo se logra a partir de la normalización. Sí es cierto que determinados condicionantes derivados de la situación del inmigrante, como el desconocimiento del idioma y otras situaciones de mayor complejidad, aconsejan la adopción de políticas normalizadas de acción específica. Estas políticas incorporan dentro de una lógica normalizada la especificidad de los inmigrantes, para evitar los efectos excluyentes de las políticas específicas. No obstante, para que el inmigrante acceda en igualdad de condiciones que la población autóctona a los servicios normalizados, es preciso que disponga de acceso a las vías de información. La accesibilidad de los servicios normalizados ha de agilizarse con una mejor formación y dotación del personal responsable de esas prestaciones. Ha de capacitarse a esos gestores para que su intervención sea más eficaz; y ha de promoverse la puesta en marcha de acciones específicas para inmigrantes, que redunden en una mejor utilización de los servicios establecidos para el conjunto de la población. Salta a la vista la necesidad de formación de los agentes sociales y profesionales que desarrollan su labor en el área de las migraciones, ya que se detecta una carencia de conocimientos en diferentes aspectos de la realidad de la inmigración y de la legislación de extranjería, principalmente en aquellas normas de reciente elaboración, como el actual Reglamento de la Ley de Extranjería. Aunque, efectivamente, la población procedente de países con graves problemas de desarrollo haya de afrontar en nuestra sociedad condiciones de vida de extrema dureza, sobre todo durante la primera etapa de su itinerario inmigratorio, no resulta menos cierto que se trata de personas jóvenes, con un aceptable nivel de salud y con evidentes deseos de participar en el desarrollo socioeconómico de la comunidad de recepción. Resulta innecesario advertir que estos elementos característicos difieren radicalmente del perfil de los otros colectivos en riesgo de exclusión atendidos por la Red de Servicios Sociales. Pero, aunque muchos inmigrantes poseen un nivel cultural y profesional muy superior al que requieren los trabajos que realizan, las oportunidades laborales que se les ofrecen son ocupaciones que no requieren cualificación previa y que se caracterizan, además, por su extrema temporalidad y bajos ingresos. La implicación de los inmigrantes en el desarrollo del mercado laboral de nuestro país no resultará realmente efectiva si no va acompañada de medidas que contribuyan a mejorar su itinerario laboral en función del nivel de formación y de la experiencia que aportan. En cualquier caso, la intervención interdisciplinar constituye una herramienta imprescindible para abordar la compleja realidad con que la intervención topa cotidianamente en el ámbito del empleo. La suma de esfuerzos se revela mucho más indicada que la competencia entre los agentes implicados. Se hace necesario el trabajo en red, en estrecha coordinación de recursos y con sustento en la complementariedad de acciones sostenidas en el tiempo, tanto desde el ámbito público como desde las esferas privadas, en pos de una armonía de estrategias que garantice la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de los proyectos.   Cemigras en el ámbito de la inmigración La conciencia del impacto social de la nueva realidad descrita en los puntos anteriores impulsó la constitución del Centro Europeo de Estudios sobre Flujos Migratorios, que nació con el propósito de convertirse en un instrumento de investigación, análisis y atención de los fenómenos migratorios. A lo largo de los dos años transcurridos desde la constitución de Cemigras se han estudiado los diversos tipos de migraciones, y se han analizado las causas de estos fenómenos y las condiciones sociales y políticas de los países emisores. También se han investigado los problemas derivados de la integración laboral y social, y se ha dedicado una particular reflexión al marco jurídico comunitario y nacional de la inmigración y la extranjería. El análisis de la realidad reafirma la apuesta de nuestra Asociación por un modelo de inmigración laboral ordenado y conformado por políticas para la integración social, que se sustente en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, y adopte como referente el mercado de trabajo, que consideramos un elemento decisivo para regular la presencia de los colectivos de trabajadores y para promover la inserción sociolaboral. Cemigras proclama asimismo su compromiso para luchar contra cualquier forma de racismo o xenofobia. Conocemos la dificultad que encuentran las personas que vienen de fuera cuando llegan a un país extraño; y comprendemos su desorientación para desenvolverse de manera eficaz en la sociedad de acogida, por el desconocimiento de los recursos y, en no pocos casos, de la lengua y de la cultura del territorio donde van a establecer su residencia. Por ello, la Asociación promueve el desarrollo de servicios y la promoción de recursos gratuitos y eficaces que faciliten la formación y la información al colectivo inmigrante y a las personas que trabajan con ellos. También consideramos importante que se realicen y se divulguen investigaciones y estudios, y que se apoye a todas las personas y organizaciones que pretendan adentrarse en el análisis de nuestra realidad social. Las universidades canarias y los centros de investigación social establecidos en el Archipiélago tienen ante sí un reto que no pueden desatender.