El siglo XXI ha comenzado bajo el signo de la circulación internacional de la mano de obra. Los países desarrollados se enfrentan a reclamos contradictorios: de una parte, una opinión pública que demanda que se refuercen las fronteras ante la amenaza de la presión inmigratoria; y, de otra, la conciencia generalizada de que se necesita mano de obra inmigrante que permita sostener el desarrollo económico y proteger las pensiones de una población envejecida. Planea también, en los últimos tiempos, la alarma social suscitada por el incremento de los flujos migratorios clandestinos, algunos de ellos, como las pateras y los cayucos procedentes del continente africano,

particularmente llamativos aunque su relevancia numérica sea secundaria y revistan un carácter fugaz. Así lo confirman recientes declaraciones del delegado del Gobierno en Canarias, José Segura Clavel, que ha desvelado que menos del 1% de la población africana llegada en pateras durante el año 2005 se quedó en las islas. Ni siquiera las numerosas arribadas registradas en Canarias durante el verano de 2006 justifican esa aprensión: porque, transcurrido el plazo máximo de cuarenta días de internamiento, se procede a la devolución o al traslado a la península (según datos del Ministerio del Interior, 53.000 inmigrantes fueron devueltos en 2005 a sus países de origen).

Las migraciones internacionales crean oportunidades y reportan beneficios tanto a los países receptores como a los emisores; y, a la vez, causan problemas e incertidumbres que afectan a unos y otros. Mientras que, en los países emisores, se cuestiona si las remesas de los emigrantes compensan los efectos sobre su desarrollo social y económico de la pérdida de efectivos laborales, muchas veces altamente cualificados; preocupa en los países receptores que el acomodo y convivencia de grupos de los más diversos orígenes culturales y religiosos afecte a su cohesión social, al tiempo que se debate sobre la tradicional equiparación entre derechos y ciudadanía. Se precisa también la correcta regulación y gestión de los flujos, para evitar situaciones de explotación laboral y el auge de economías sumergidas que tanto dañan al tejido socioeconómico.

Se requiere, además, que la sociedad de acogida, acostumbrada a que se le presente el fenómeno inmigratorio desde un enfoque predominantemente estadístico y policial –y, no pocas veces, alarmista-, conozca la realidad humana de la inmigración y ponga rostro a esas personas que viven dramáticamente en ocasiones el alejamiento de la tierra que las vio nacer.

Es preciso destacar, en último término, la precariedad de vida de los trabajadores inmigrantes que carecen de permisos de residencia y trabajo. Está contrastado que hay un sector de economía irregular que se nutre de trabajadores inmigrantes y que los somete a condiciones de sobreexplotación.

Algunos inmigrantes son personas cualificadas laboralmente, que esperan desempeñar –siquiera a medio plazo- las profesiones para las que se han formado; aunque aquí se ven obligados a realizar trabajos que no hubieran querido desempeñar en sus países de origen, y pierden muchas de las esperanzas que habían depositado en el viaje.

La existencia en España de una importante bolsa de población inmigrante en situación de irregularidad dificulta la aplicación de la normativa laboral y determina la existencia de condiciones de trabajo y vivienda abiertamente discriminatorias. El desarraigo y la falta de cohesión social provocan una desprotección, que favorece, a su vez, situaciones discriminatorias en el acceso a los puestos de trabajo.

La dependencia del precontrato para la obtención del permiso de trabajo o para su renovación obliga al inmigrante a aceptar peores condiciones laborales que la población autóctona, que no padece estas restricciones legales. La inseguridad en el empleo arrastra consigo la precariedad en las condiciones generales de vida en lo relativo a la vivienda, la educación, la cultura, la participación en la vida asociativa, la reunificación familiar, etcétera.

Todo lo anterior fundamenta la importancia de información contrastada, plural y al alcance de los ciudadanos que ayude en la búsqueda de soluciones a algunos de los problemas asociados al fenómeno inmigratorio: no sólo en la vertiente jurídica, sino desde una perspectiva múltiple, que atienda demandas de naturaleza cultural, social, económica, científica…

Existen excelentes páginas web que ya brindan esta información. Es el caso de www.flujosmigratorios.org , gestionada por el Centro Europeo de Estudios sobre Flujos Migratorios, de donde procede buena parte de la documentación que aquí se brinda.

Por la naturaleza propia de nuestro proyecto, abordaremos aquí sólo algunas perspectivas que se han considerado de particular urgencia: en primer lugar, Orientación jurídica, que proporciona una sencilla guía sobre aspectos particularmente destacados de la legislación española en materias de inmigración y de extranjería; y Enlaces de interés, que remiten a las más importantes páginas que informan de la inmigración en España.